Estimadas/os compañeras/os:
Son momentos difíciles. En estos tiempos de recortes Las
radios y televisiones públicas están en el punto de mira. Somos los
trabajadores de los mismos los que debemos defender su continuidad y
garantizar la función de servicio público para la que fueron concebidos y
que quedaría en entredicho de producirse una oleada de privatizaciones
o cesión de los contenidos informativos.
Debemos conocer las modificaciones que se están preparando
y que de entrar en vigor supondrían poner en peligro el actual panorama
de los medios de comunicación públicos. Dichas modificaciones van en
la línea de facilitar la entrada de capital privado en la gestión de los
entes públicos y eliminar la prohibición de ceder a terceros la edición y
producción de los contenidos informativos. En concreto se trata de una
modificación del Artículo 40 de la Ley de Comunicación Audiovisual.
Dicha modificación pondría en grave peligro el mantenimiento de los
puestos de trabajo y las condiciones laborales de la plantilla, que es y
debe ser esta nuestra prioridad absoluta.
El Anteproyecto de ley esta concebido para pasar por encima
de las diversas leyes autonómicas, facilitando así una privatización
total o parcial de las mismas. En Extremadura supondría la privatización
de la práctica totalidad de la producción propia, actualmente centrada
en informativos. De todos es conocido los efectos que ello supondría,
prueba de ello son los modelos de televisión existentes en comunidades
como Murcia o Aragón, donde los informativos están externalizados, y
donde abundan las contrataciones eventuales por obra y servicio, falta
de convenios colectivos, falta de representación sindical, salarios por
debajo del nivel retributivo de mercado y un sin fin de subcontrataciones
que precarizan aún más las condiciones de los trabajadores. Además
de plantearse serias dudas sobre si ese es el modelo adecuado que
garantice el servicio público, la objetividad y el rigor en las
informaciones, al intervenir un tercero con intereses meramente
económicos
Desde CCOO optamos por pasar a la acción y utilizar todos los
elementos que estén en nuestras manos para impedir que esto ocurra.
Nuestra ley autonómica impide la privatización pero no aleja el peligro
de la externalización de los contenidos informativos, lo que nos llevaría
al modelo de Murcia o Aragón. La competencia exclusiva sobre la
producción propia recae sobre el Consejo de Administración y en ese
ámbito es donde debemos actuar. El Consejo debe proteger la
producción propia ante esta modificación de la ley y garantizar así los
puestos de trabajo de la plantilla de Canal Extremadura y de sus
condiciones, y desde CCOO así lo vamos a exigir.
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